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Derecho de Empresa

JUSTICIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS: EL SISTEMA LEXNET

 

Tras el 1 de Enero de 2016 se dejan atrás las notificaciones y los documentos procedimentales en papel. El Real Decreto 1065/2015 ha implantado un nuevo sistema de comunicación con la Administración de Justicia, la electrónica. Aquellas Comunidades Autónomas que carezcan de competencia en materia de Justicia utilizarán el sistema LexNet, aunque también podrán utilizar tal sistema si así lo solicitan el resto de Comunidades que sí que tengan competencia. Ya que éstas decidirán de forma individual el sistema a utilizar.

A través de diferentes convenios de cooperación tecnológica serán las siguientes Comunidades las que usarán LexNet:  la Xunta de Galicia, la CA Valenciana, la Generalitat  de Cataluña,  Aragón, Castila y León,  la Junta de Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Canarias, La Rioja y la Junta de Andalucía.

Como ya sabemos, el art. 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio ya estableció en su momento la obligación de utilizar los medios electrónicos en los trámites procesales judiciales tanto para fiscalías como órganos y oficinas judiciales. En esta misma Ley se establece la obligatoriedad de la comunicación electrónica con la Administración de Justicia siempre que se trate de personas jurídicas, esto se encuentra reiterado en el artículo 273 de la LEC, o colectivos de personas físicas que tengan acceso a los medios tecnológicos gracias a su situación económica, técnica o profesional. Por otra parte nos encontramos en el art. 230 de la reformada LOPJ que obliga  a Juzgados, Tribunales y Fiscalías a usar medios informáticos para el desarrollo de sus funciones.

VENTAJAS DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES

 

Es un hecho incuestionable, la actual situación de crisis que vive nuestra economía. Sin entrar en valoraciones políticas ni de otra índole, ni siquiera en el nivel o entidad que pueda presentar la crisis, lo realmente cierto es que muchas personas naturales o jurídicas, empresarios o no, están teniendo serias dificultades para hacer frente al pago de sus deudas, con situaciones de insolvencia actuales o inminentes que deben ser afrontadas con los medios y garantías que la nueva Ley Concursal (Ley 22/2003) pone a nuestro alcance, para conseguir una salida airosa de un estado de dificultad.

Existe una figura jurídica, la del concurso de acreedores, que tradicionalmente despierta recelo en las empresas y en la sociedad en su conjunto, aunque el mayor motivo sea debido a que se trata de una figura todavía poco conocida en España, en relación con el resto de países europeos. No nos cabe ninguna duda de que el concurso de acreedores, ofrece importantes ventajas al empresario diligente que lo insta para hacer frente a una situación de insolvencia, más aún si lo hace cuando ésta es inminente y aún no se ha llegado al impago de los acreedores. No se trata solo de conseguir la satisfacción del acreedor, sino también la de evitar que los administradores incurran en una responsabilidad que pueda alcanzar a sus bienes propios e incluso y aún más grave, puedan ser acusados de un delito de insolvencia punible.

EL DEUDOR CONCURSADO FRENTE A LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

Llama poderosamente la atención que la Administración esté facultada para valorar individualmente la aptitud del deudor concursado para poder seguir prestando los servicios públicos ya contratados al tiempo de la declaración de concurso y que sin embargo, no se le permita la misma discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de permitir al concursado licitar a la adjudicación de nuevos contratos.

Si analizamos en profundidad el motivo en base al cual se le impide a un concursado licitar a contratos administrativos, tiene mucho que ver con la salvaguarda del interés general que caracteriza a los mismos.  En base a él, se exige un requisito de solvencia a los licitadores que permita, al menos desde la perspectiva económica, garantizar la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones derivadas de estos contratos. El problema surge cuando nos desligamos de la venerable intención del legislador y bajamos a la arena de la práctica cotidiana, encontrándonos con que en un gran número de ocasiones, en el entorno actual caracterizado por el sustancial retraimiento del consumo privado, la contrata pública es algo  tan habitual en algunos sectores que representa un porcentaje muy importante de la cifra de negocios de las empresas, haciendo depender su viabilidad de este tipo de contratos.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN CONCURSAL?

 

La Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ha introducido un nuevo TÍTULO X (artículos 231 a 241) en la Ley Concursal denominado “Acuerdo Extrajudicial de Pagos”.

Con este mecanismo extrajudicial, se pretende fomentar el uso de la negociación de las deudas en los supuestos de insolvencia. Se trata de un procedimiento económico, rápido y sencillo.

Pueden acceder al mismo tanto personas naturales como personas jurídicas (salvo entidades aseguradoras y reaseguradoras) que se encuentren en situación de insolvencia y que su pasivo no supere los 5 millones de Euros. En el caso de las personas jurídicas su activo no debe superar esta cifra. El número de acreedores debe ser inferior a 50, deben disponer de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo y tener patrimonio e ingresos previsibles que permitan lograr un acuerdo de pagos.

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